Salario mínimo
Consejo Gremial pide que el alza del mínimo no supere la inflación más la productividad
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen, fijó la postura de los empresarios para la concertación del salario mínimo de 2027: el aumento no debe sobrepasar la suma de la inflación y la productividad, y tampoco debe definirse sin un acuerdo entre las partes.
La dirigente gremial planteó que el reajuste debe resultar de un consenso entre el Ministerio de Trabajo y los representantes de empleadores y trabajadores. Según ella, ese acuerdo debe servir al propósito común de cuidar a los trabajadores y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento económico.
"Una cifra responsable debe proteger el ingreso real sin poner en riesgo el empleo, la sostenibilidad empresarial o el crecimiento", afirmó Gutiérrez.
Su posición parte de un balance crítico del incremento vigente. El aumento de 23 % del salario mínimo para este año se discutió el 30 de diciembre del año pasado. Gutiérrez recordó que en ese momento los empresarios advirtieron sobre sus efectos en el empleo formal, en la inflación y en la estabilidad de las empresas.
Para sustentar esas advertencias, la presidenta del gremio citó el dato del Dane: en octubre de 2026 la inflación llegó a 6,30 %, más del doble de la meta del Banco de la República. Añadió que el propio emisor señaló los altos costos laborales como uno de los factores que presionan los precios. "Un mayor salario pierde prácticamente todo su beneficio cuando aumenta el costo de vida", sostuvo.
Gutiérrez también se refirió a las micro, pequeñas y medianas empresas. Según dijo, miles de ellas tuvieron que asumir mayores costos por el alza salarial en un momento de dificultades financieras. "Detrás de cada negocio que lucha por sobrevivir hay empleos, familias y proyectos de vida en riesgo", señaló.
Sobre el mercado laboral, reconoció que el desempleo nacional no ha crecido frente al año anterior. Sin embargo, advirtió que hay señales de alerta. El Banco de la República ha identificado una desaceleración de la ocupación y una menor demanda de trabajadores, y la dirigente considera que un aumento desmedido del mínimo podría traducirse en pérdida de puestos de trabajo.
La informalidad, que según Gutiérrez todavía afecta al 55 % de los trabajadores del país, fue otro de sus argumentos. Aunque el empleo formal ha crecido, la dirigente afirmó que millones de colombianos no reciben esos beneficios. "Encarecer la contratación sin aumentos equivalentes de productividad puede hacer todavía más difícil abrirles las puertas de la formalidad", dijo.
Gutiérrez sumó el impacto en las finanzas públicas. De acuerdo con sus cifras, el incremento del mínimo elevará el déficit fiscal en 5,3 billones de pesos este año y en 8 billones de pesos anuales a partir de 2027.
"Siempre hemos defendido mejores ingresos para los trabajadores. Pero el bienestar no puede medirse únicamente por el porcentaje de aumento del salario mínimo", concluyó. Según la dirigente, el bienestar también debe verse en el poder adquisitivo, en empresas sostenibles, en más empleo formal y en una economía capaz de crecer.
El salario mínimo rige en todo el país, incluido Buenaventura. Por eso, el resultado de la concertación afectará tanto los ingresos de los trabajadores del puerto como los costos de los negocios locales.
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Fuentes consultadas (1)
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